movimiento en defensa del ambiente la higuera

Por Sergio Jara Roman

SANTIAGO, septiembre 24. La empresa CGX (ex MPX Energía), recurrirá hoy a la Corte Suprema, de la mano del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, para tratar de frenar el fallo adverso de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que la semana pasada decidió mantener la calificación de "industria contaminante" sobre el proyecto termoeléctrico Castilla (US$ 4.400 millones / 2.300 MW), que pretende instalarse en Punta Cachos, región de Atacama.

Fuentes de la empresa aseguraron que esperan que la "Corte Suprema acoja nuestra apelación en atención a los antecedentes jurídicos y técnicos que le serán presentados, que respaldan la validez y fundamentos de la resolución del Seremi de Salud que califica a Castilla como una industria molesta al reconocer los evidentes errores contenidos en la primera calificación industrial (que la denominó como contaminante) que se trata de revivir mediante la interposición de este recurso de protección".

Las mismas fuentes de la empresa dijeron que confían "en que el proyecto Castilla pueda en definitiva ser analizado por la autoridad ambiental en base a antecedentes veraces y a pronunciamientos sectoriales correctos aplicándose debidamente la ley y la institucionalidad ambiental".

En cambio, desde la oposición al proyecto, el abogado Carlos Figueroa Guzmán, hijo del ex ministro del Interior, Carlos Figueroa, que representa a la organización Atacama Sin Carbón y a la familia Domínguez, aseguró que es muy probable que la Corte Suprema mantenga el dictamen de la Corte de Apelaciones de Copiapó.

"Uno nunca como abogado puede pronosticar resultados en una instancia, pero tenemos mucha confianza en que la Corte Suprema va a confirmar el dictamen de la Corte de Apelaciones de Copiapó, porque el fallo tiene fundamentos sólidos", dijo Figueroa.

"A juicio nuestro, si la empresa queda calificada como contaminante, no tienen ninguna alternativa. La Corema no puede aprobar un proyecto de esas características", agregó el abogado.

La apelación de CGX a la Corte Suprema, sería derivada a la Tercera Sala del máximo tribunal, instancia que revisa los temas económicos en el país. Según se espera, el fallo demoraría un mes y medio como máximo, si es que las partes solicitan alegatos.

 Al respecto, por parte de la oposición al proyecto Figueroa confirmó que "efectivamente pediremos alegatos, dado que es un tema de notoriedad pública", elemento necesario para que el máximo tribunal los conceda.

CRISTINA BITAR ASUME ASESORÍA

Actualmente, CGX es asesorado comunicacionalmente por Stanley Chile Press, misma agencia de comunicación estratégica que presta servicio a Suez Energy (Barrancones) y Endesa y Colbún (Hidroaysén).

Sin embargo, luego del fallo adverso en la Corte de Apelaciones de Copiapó y de la solicitud del Presidente Sebastián Piñera a Suez para que cancelara su proyecto Barrancones, la compañía del brasileño Batista decidió reforzar su estrategia comunicacional y contratar a Cristina Bitar, directora Ejecutiva de la agencia Azerta, quien jugaría un papel importante dados sus contactos políticos, según reconocen conocedores del tema.

Para Figueroa no obstante, la incorporación de Bitar por el momento no es trascendental, pues si bien la compañía "está en su derecho de buscar las asesorías que estime conveniente, el caso hoy día está en una instancia netamente judicial".

Sin embargo, si la Corte Suprema mantiene la calificación de "industria contaminante" sobre Castilla y la Corema rechaza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la termoeléctrica, a CGX aún le queda la opción de recurrir al Consejo de Ministros de la Conama, instancia netamente política que podría pronunciarse a favor del proyecto y donde los contactos políticos juegan un rol importante.

Ante eso, el abogado de Atacama sin Carbón y de la familia Domínguez, advierte que si bien "ellos tienen instancias netamente políticas", "nosotros haremos valer nuestros derechos porque por muy autoridad política que sea, van a tener que respetar las calificaciones técnicas".