movimiento en defensa del ambiente la higuera

Durante la mañana de ayer, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad dio luz verde a dos normas inéditas en el país, que se discutieron por más de 10 años y que buscan minimizar los impactos ambientales generados por el material particulado fino (PM 2,5) y las centrales termoeléctricas.

 

En el caso del PM 2,5, la norma acordada será más exigente que la propuesta del gobierno anterior. Esto, porque establece un nivel de 20 microgramos por metro cúbico para el promedio anual de este contaminante, y de 50 microgramos por metro cúbico para la norma diaria. Valores que comenzarán a regir a partir de 2012, 10 años antes que lo propuesto en el cronograma original, que establecía esto desde el 2022.

 

Para el ministro de Energía, Ricardo Raineri, "esto es tremendamente importante y demuestra que hay una preocupación muy grande por la calidad de vida de la ciudadanía".

 

La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, señaló que estas exigencias se enmarcan en que "como gobierno, el material particulado fino es uno de los (temas) que más nos importan. Es uno de los contaminantes que más afectan a las personas y su calidad de vida".

 

Termoeléctricas

 

En el caso de la norma que regula las emisiones de las termoeléctricas, se mantuvieron los parámetros para limitar las emisiones de las centrales propuestos por la administración anterior.

 

No así los plazos, que se flexibilizaron para las centrales antiguas, que incluye las que están en construcción.

 

Para el material particulado, las unidades antiguas tendrán un plazo de tres años luego que la norma entre en vigencia, para ajustar sus tecnologías y funcionar de acuerdo a lo reglamentado.

 

En el caso de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOX), el plazo será de cinco años y medio, siempre y cuando las centrales no estén en zonas declaradas saturadas ni latentes. En ese caso, tendrán cuatro años para adaptarse.

 

De esta forma, el Consejo de Ministros acogió las peticiones del sector privado, que consideraban el plazo original de tres años demasiado exigente.

 

Según explicó Raineri, el aumento de los plazos estuvo vinculado a la necesidad de garantizar la seguridad del suministro energético.

 

"Tenemos que dar plazos que sean duros, porque queremos que estas normas sean de aplicación rápida, pero también tenemos que dar plazos que sean realistas, que no pongan en riesgo la seguridad de abastecimiento eléctrico", añadió. Con estos plazos, detalló, "todas las centrales existentes puedan hacer las inversiones, las licitaciones e instalación de equipos que se requieren".

 

Normas de nivel Ocde

 

Jaime Dinamarca, gerente de Operaciones y de Medioambiente de la Sofofa, celebró que el gobierno haya flexibilizado los tiempos, lo que calificó como "una muy buena decisión". Añadió que "la autoridad no renuncia a exigirles a fuentes existentes someterse a nuevas normas, pero no estresa a la matriz energética con plazos imposibles".

 

Sin embargo, dijo que existe "inquietud y preocupación" en el mundo empresarial, porque "se han aprobado dos normas que establecen los niveles más exigentes del mundo: más exigentes, incluso, que las normas suizas o que la Unión Europea (UE)".

 

Agrega que no existen estimaciones claras de cuánto serán las inversiones que deberán absorber.

 

El ex gerente del Aire y académico de la Unab Marcelo Mena, considera que se ha dado un paso fundamental "a la altura de nuestra posición en la OCDE. Así que son muy buenas noticias".