movimiento en defensa del ambiente la higuera

Diputados Alberto Cardemil y Jorge Burgos anticiparon cambios al sistema de generación de los integrantes de estos tribunales especializados así como la localización y número de los mismos.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sesionó este miércoles para escuchar las presentaciones de dos profesores de derecho sobre el proyecto de ley que crea los tribunales ambientales y a su término se acordó iniciar la votación de la iniciativa legal el próximo miércoles 6 de abril.

El proyecto en cuestión fue despachado en primer trámite por el Senado y la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara lo modificó en su primer informe, restando ahora su análisis y votación en la Comisión de Constitución. Desde ya, el presidente de la instancia, Alberto Cardemil (RN), y el diputado Jorge Burgos (DC) anticiparon enmiendas a la propuesta tras escuchar las exposiciones de los académicos invitados.

Hasta ahora el proyecto propone la creación de tribunales ambientales como órganos jurisdiccionales especializados en la resolución de demandas y reclamaciones relacionadas con el medio ambiente; con sedes en las ciudades de Antofagasta, Santiago y Valdivia e integrados por dos abogados y un licenciado en ciencias.

Este miércoles comparecieron en la Comisión para entregar sus puntos de vista sobre el proyecto el director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Sergio Montenegro, y el profesor de derecho penal de la Universidad Andrés Bello, Juan Domingo Acosta.

El profesor Montenegro formuló algunos juicios críticos sobre la propuesta y cuestionó la localización de las sedes en regiones, sugiriendo que el tribunal esté integrado exclusivamente por abogados y que conozca también las causas de indemnización de perjuicio por daño ambiental, que el proyecto entrega a los tribunales civiles.

En tanto, Acosta sostuvo que no le repugna la idea que el tribunal ambiental cuente con integrantes que no sean abogados, porque aportan una visión diversa a la puramente jurídica, y se mostró a favor de que las indemnizaciones de perjuicio por daño ambiental se radiquen en la justicia civil para no saturar los nuevos tribunales especializados.

Al término de la sesión, el Presidente de la Comisión, Alberto Cardemil, manifestó que “vamos por buen camino, esta es una novedad, son tribunales modernos, especializados en la defensa del patrimonio ambiental; creo que hay que corregir algunas cosas del proyecto que aprobó la Comisión de Recursos Naturales y van más bien en la línea de la forma de nombrar a los ministros y la localización y número de los tribunales”.

“Aquí se adoptó una fórmula que no es lo ideal pero que avanza en el camino correcto. Esta es la eterna decisión que hay que tomar en temas legislativos, en que lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo ideal habría sido un tribunal en cada corte con plenas atribuciones y recursos que hubieran resuelto sobre todos los problemas, incluso los montos de las indemnizaciones, la determinación del daño ambiental, etc.. Pero eso no es posible en este estado de desarrollo del país, entonces hay que avanzar en el camino de ir creando y modificando en el transcurso del tiempo las cosas que se nos hayan quedado atrás”, aseveró el parlamentario RN.

En tanto, el diputado Jorge Burgos dijo que “encontré interesantes las exposiciones y quedé con algunas tareas para la casa, particularmente en dos temas que me preocupan”.

“Una es la propuesta de formación de los tribunales medioambientales, que a primera vista viene de una manera bastante poco clara y hay que mejorarla. Hay que hacer una cosa más parecida a lo que hicimos en materia de tribunales tributarios, donde es la Alta Dirección Pública la que hace los listados de la gente que compite, la corte de apelaciones respectiva elige una quina, en este caso podría ser la Corte Suprema, y el Presidente de la República elige de esa quina,. Esto de meter al Congreso, al Senado, en tribunales tan específicos como este lo hallo medio complicado porque creo que se puede prestar para politización y terminar nombrando en el tribunal dos de un lado y dos de otro. Me inclino más por una fórmula mixta”, planteó el parlamentario DC.

“El segundo tema que me dejó pensando es que esta propuesta divide las competencias y jurisdicciones de lo que es la declaración del daño ambiental, que le va a corresponder a los tribunales ambientales propiamente tales, pero si de ese daño ambiental se deduce alguna acción civil destinada a indemnización de perjuicio, lucro cesante o daño moral, esa acción va a tener que incoarse en los juzgados civiles. Una cierta lógica parece indicar que si tenemos tribunales especializados debiera haber declaración de daño y acto seguido la posibilidad que ante esos mismos tribunales se inicien las acciones indemnizatorias. El proyecto no discurre en esa lógica y vamos a tratar de resolver eso”, concluyó Burgos.

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