El señor ENCINA (Presidente).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, coincido con el diputado Accorsi en que debemos empezar a hablar en serio sobre este tema, porque la política ambiental del Gobierno –lo digo con mucho respeto y cariño por las autoridades presentes en la Sala- está generando una profunda inquietud, porque contamos con un sistema de evaluación de impacto ambiental deslegitimado, desprestigiado, poco creíble y escasamente confiable, y creo que el Gobierno lo sabe; de lo contrario, no habría enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre una nueva institucionalidad ambiental. Sinceramente, me saco el sombrero ante el esfuerzo que significó enviar esa iniciativa. Será un gran legado, aunque no despachemos el proyecto, porque nos permite iniciar una discusión en serio.
Es necesario reconocer que tenemos una institucionalidad ambiental que hizo crisis, porque, como ya señalé, no es confiable, porque nadie le cree. Incluso, me atrevo a afirmar lo anterior a pesar de mi condición de ex miembro de una Corema. Reitero: es necesario hablar en serio sobre este tema.
Además, actualmente hay ingredientes altamente peligrosos para el debate que estamos realizando. Primero, porque tenemos una institucionalidad ambiental precaria, deslegitimada, desprestigiada, poco creíble y, segundo, porque estamos ante una crisis energética. Aunque el Gobierno lo niegue, presenciamos fenómenos de verdaderos fast track energéticos, en que los ministros son jefes directos de autoridades que deben votar diversos proyectos en las Coremas, con supuesta independencia de criterio, que dicen por la prensa que el país necesita energía y que, por lo tanto, hay que "echarle para adelante". Entonces, en un país tan vertical como el nuestro, obviamente, esas actitudes generan mucha incertidumbre.
Asimismo, se ha producido un cambio en la doctrina de la Concertación en materia de áreas silvestres protegidas. Este gobierno –me duele mucho decirlo- ha cambiado la interpretación que siempre sostuvimos. A lo mejor las normas son contradictorias y permiten la intervención en las áreas silvestres protegidas, pero, entonces, demando del Gobierno la restauración de la doctrina de que las áreas silvestres protegidas no pueden ser intervenidas. Que diga claramente que esa es la decisión y la voluntad del Gobierno. Si hay contradicción en la normativa, que se envíen los proyectos de ley que corresponde. Eso es lo que hace un Gobierno que tiene una política clara en materia de áreas silvestres protegidas, pero parece que este Gobierno no la tiene, o no la quiere tener, o efectivamente -como decía el diputado Rossi-, tiene dos almas: una, que quiere proteger y restaurar el principio respecto del cual las áreas silvestres protegidas no se pueden intervenir; y otra, es querer intervenirlas porque la prioridad está en tener energía. Eso hay que resolverlo ya, porque siento temor, por ejemplo, de que los tres proyectos de centrales termoeléctricas en la comuna de La Higuera -distrito que represento en esta Cámara-hayan sido aprobados -como ha dicho el diputado Accorsi- respecto de HidroAisén y ahora sólo estemos cumpliendo el rito, la formalidad habilitante de decirle que eche para adelante sus proyectos y con eso nos carguemos la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. Entonces, para qué queremos tener reservas si se pueden intervenir por la vía de presentar estudios de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental. Debemos olvidarnos del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas; tampoco tiene sentido que sigamos firmando convenios internacionales sobre la materia.
Entonces, como bancada de diputados del Partido Socialista, mañana vamos a ingresar a tramitación dos proyectos que modifican el Código de Aguas para proteger los derechos de agua y los ecosistemas en áreas protegidas particularmente y el uso histórico y ancestral que corresponde a las comunidades indígenas, porque queremos empezar a dar señales concretas en ese sentido. Pero, pido a mi Gobierno que restaure la doctrina con la que la Concertación ha conducido durante estos dieciocho años de Gobierno su política en materia de áreas silvestres protegidas. No son susceptibles de ser intervenidas. Eso es lo que le queremos oír de nuestro Gobierno. Eso es lo que esperamos de un Gobierno comprometido con el medio ambiente.
He dicho.


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