por Claudia Urquieta Ch.

En febrero pasado y luego de un largo proceso que incluyó la intervención de  tribunales y una fuerte polémica por el cambio de la calificación de “contaminante” a “molesta” por parte de la Seremi de Salud de Atacama, el proyecto Central Termoeléctrica Castilla, de MPX, fue aprobado.

Pero  la evaluación y el rol jugado por distintos actores para lograr la luz verde de  la apuesta ligada al magnate brasileño Eike Batista, enfrentó fuertes cuestionamientos. Entre ellos el del diputado Alberto Robles (PR), quien solicitó a la Contraloría que investigara diversas situaciones acontecidas durante el proceso de evaluación de impacto ambiental.

El lunes pasado Contraloría  emitió un informe sobre la investigación especial que realizó en la Seremi de Salud de Atacama, que entre otros puntos  cuestiona la modificación del Plan Regulador de Copiapó, que cambió el uso de suelo en que se instalará el proyecto. Pero en estricto rigor el informe no amenaza a Castilla, ya que como señala un experto “lo que en realidad hace es dejar en evidencia que hay una forma de facto en que se están apurando proyectos”.

¿Cómo? A través de un organismo asesor de muy bajo perfil liderado por el ministerio de Economía, que en realidad y según las conclusiones del informe firmado por Ramiro Mendoza, ha asumido un papel fundamental a la hora de impulsar proyectos emblemáticos. Se trata del Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI),  creado en agosto de 2010 por instructivo presidencial  e integrado por los ministros de Economía, que lo preside, de Planificación, de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Salud Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente. Su objetivo principal es asesorar  al Presidente de la República para la ejecución de las políticas públicas para la agilización de proyectos de inversión, así como servir de instancia de coordinación entre los distintos órganos del Estado vinculados a dicha materia.

Para ello, la subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, encargada del funcionamiento del Comité,  contrató a honorarios a tres consultores, entre los que se encuentra el ingeniero comercial Dieter Wunder, cuyos ingresos, según consta en el informe, ascienden a 72 millones de pesos anuales. Los otros dos consultores son el periodista Mauricio Soto y la abogada Marcela Klein.

El rol de Wunder y el CAI, cuyo secretario ejecutivo es el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Tomás Flores, fue clave en la aprobación de Castilla. Y, según Contraloría, no se limitó a una función meramente asesora.

Los nuevos fast tracker

Durante el gobierno de Michelle Bachelet y mientras Marcelo Tokman lideraba la Comisión Nacional de Energía (CNE), la fórmula utilizada para agilizar la aprobación de proyectos energéticos tenía como protagonistas, tal como publicó este medio, a dos ingenieros comerciales que recorrían el país reuniéndose con funcionarios de los servicios sectoriales y diversas autoridades para destrabarlos. La fórmula era simple: aseguraban tener “carta blanca” y contar con un fuerte respaldo de La Moneda, exigiendo dar el visto bueno a los proyectos. En ese tiempo se les conocía como los “fast tracker” de energía.

Hoy y según lo que se desprende de la investigación de Contraloría, ese papel es asumido por el CAI. Específicamente por Dieter Wunder, quien señaló al órgano fiscalizador que la principal función del Comité es destrabar proyectos de inversión emblemáticos, para lo cual cuenta con tres profesionales, incluido Wunder, y el apoyo de los coordinadores en cada uno de los ministerios que lo integran.

De hecho y según consta en el acta de la tercera reunión de Ministros del Comité realizada en noviembre de 2010 existían 32 proyectos en carpeta de los más emblemáticos del país. Según Wunder en ese momento ya había logrado dar luz verde a dos de ellos. Mientras, para los restantes 30 se habían realizado reuniones con los titulares y las autoridades que debían pronunciarse respecto a ellos, con el propósito de que fueran aprobados. Entre estos se encontraba Castilla.

No es coincidencia que cuando en febrero pasado la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó la iniciativa, Wunder se encontraba entre los asistentes.

Reuniones y amenazas

Según consta en el informe de Contraloría, mientras se evaluaba el proyecto, el gerente general de MPX, Pedro Litsek, solicitó reunión al CAI para manifestar su preocupación sobre el precedente generado por el caso de la Central Termoeléctrica Barrancones, iniciativa que fue aprobada y más tarde descartada por gestiones del Presidente Sebastián Piñera. MPX además solicitó directamente al ministerio de Economía ayuda para destrabar la evaluación ambiental.

El Comité se reunió en varias ocasiones con el titular del proyecto  para saber los pasos a seguir, en los diferentes escenarios posibles, después del fallo de la Corte Suprema, que en noviembre de 2010 ratificó la ilegalidad del cambio de calificación ambiental del proyecto de “contaminante” a “molesto”, pero al mismo tiempo abrió una opción a Castilla para ser aprobada.

Incluso, según consta en el documento de 30 páginas,  se “socializó la estrategia a seguir explicándola a las autoridades nacionales y regionales”. Además, el comité asesor trabajó en la campaña de comunicación a nivel público y privado para resaltar la importancia del proyecto.

Los resultados de estas gestiones, según un informe del CAI, se tradujeron en que el 2 de diciembre de 2010 la entonces Corema de Atacama aprobó la suspensión del proceso de evaluación, con lo que el Seremi de Salud tendría tiempo para volver a pronunciarse sobre la calificación ambiental, una vez que escuchara a la ciudadanía. Además, indica el documento del Comité, “la gestión anterior fue coordinada por el CAI, en conjunto con otros ministerios. Es preciso hacer notar que diez días antes de la citada votación, la posición oficial de la región era proceder a rechazar el proyecto, ello pues no poseían todos los antecedentes legales, carecían de una estrategia, y sentían que no contaban con el apoyo a nivel central”.

Junto a las reuniones con MPX, y según explicó el propio Seremi de Salud, Nicolás Baeza, Wunder prestó colaboración para conversar el tema de Castilla con abogados del ministerio de Economía. También lo contactó con el Jefe de Medio Ambiente del Ministerio de Energía, Jaime Bravo Oliva, ingeniero comercial que en el gobierno anterior junto a Juan José Rivas estaban encargados de destrabar los proyectos.

No sólo eso. Baeza aseguró que en una de las reuniones sostenidas en la Intendencia de Atacama, Dieter Wunder se molestó con el equipo técnico de Medio Ambiente de la seremi de Salud, expresándoles que “si ustedes no quieren hacer su pega tienen que renunciar, porque aquí claramente desde mi punto de vista hubo razones personales de los miembros del equipo técnico para no continuar evaluando el proyecto”.

Contraloría constata que el CAI realizó gestiones para que el proyecto fuera aprobado. Esto, “implicó que funcionarios de distintos organismos con competencia ambiental, que debían omitir su opinión fundada acerca del aludido proyecto, sostuvieran reuniones en las que expusieron sus pareceres respecto de las materias que informarían sus respectivos pronunciamientos, constatándose, de acuerdo a lo declarado por el señor Nicolás Baeza (…) que los argumentos planteados en las reuniones a que asistió le permitieron ratificar su apreciación respecto de la procedencia de cambiar la calificación del proyecto de contaminante a molesta”.

En dicho contexto y atendida la intervención activa llevada a cabo por el Comité durante la tramitación del proceso ambiental de Castilla, la Contraloría concluye que “no se ha limitado a una función meramente asesora”, ni “ha actuado respetando la competencia y autonomía que el ordenamiento jurídico ha asignado a los órganos que intervienen en materia ambiental”.

Además, explica que “las comisiones asesoras creadas en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, no pueden ejercer atribuciones de naturaleza ejecutiva o resolutiva, ya que el ejercicio de estas compete a los servicios públicos, por lo que, a futuro, el referido comité debe ser regularizado en las condiciones descritas, limitándose a tener un carácter meramente asesor”.

Además, cuestiona que la creación de este comité se haya realizado a través de un instructivo presidencial, ya que dada la naturaleza de éste “no constituye la vía idónea para disponer la creación de un ente” como el CAI. De acuerdo a la legislación vigente y a la doctrina de la propia Contraloría “la constitución de comisiones emisoras mediante decreto supremo se encuentra afecta al trámite de toma de razón”, lo que no sucedió en este caso.

Por otra parte, y entre otras conclusiones, Contraloría señala que en la modificación del Plan Regulador de Copiapó, que cambió el uso de suelo en Punta Cachos, donde se instalará Castilla, se advierte la omisión de diversos trámites relativos a instancias de participación de la comunidad en el procedimiento, “circunstancias que serán investigadas mediante el respectivo proceso disciplinario” que instruirá la entidad,  a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas.

También descartó la existencia de presiones a las personas que participaron en la elaboración y visado del informe en el que se reconoció un error en el pronunciamiento de la seremi de Salud anterior, María Pilar Moreno, lo que fue considerado para el cambio de la calificación del proyecto de “contaminante” a “molesto”.

Además, rechazó la realización de un sumario interno solicitado por el entonces seremi de Salud Nicolás Baeza para determinar responsabilidades por la divulgación de un correo electrónico en que  instruía que se cambiara la calificación ambiental del proyecto de “contaminante” a “molesto”. En todo caso, Contraloría indicó la necesidad de regularizar a la brevedad el uso seguro del correo electrónico en dicha repartición.