movimiento en defensa del ambiente la higuera

 En la Primera Cena Anual de la Energía, realizada el pasado 7 de enero, el gobierno anunció un proyecto legislativo que obligaría a las empresas eléctricas a pagar a cada municipio por megawatt generado en sus territorios. "Como la idea no es encarecer el costo de la electricidad", adujo el ministro de Energía, Marcelo Tokman, el monto pagado por las empresas a las municipalidades sería reembolsado con dinero público. O sea, con plata de todos los chilenos.

Esto no sólo significa un subsidio a las empresas eléctricas, que hoy, en tiempos de crisis, lucen notorias utilidades junto al retail y la minería, sino que representa una franca amenaza para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y los derechos `insuficientes" -según la evaluación de desempeño ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- de las comunidades locales.

Una compensación privada con dineros públicos "tentaría" al municipio a ignorar a los perjudicados a cambio de dichos fondos; incrementaría la iniquidad entre los afectados y el poder de las eléctricas; y distorsionaría la relación entre el Estadio y los gobiernos locales, al canalizar platas del desarrollo local a través de las empresas.

En nuestro país, la tramitación ambiental de centrales a carbón, el combustible más contaminante, es realizada en un trasfondo de vacío normativo: sin ordenamiento territorial ni norma para termoeléctricas y con el criterio del caso a caso. En la Región de Coquimbo, por ejemplo, una sola comuna, La Higuera, enfrenta tres proyectos carboníferos de CAP, Codelco y Suez Energy, y uno a petróleo de Barrick Gold. En Coronel, Región del Bíobío, Colbun pretende instalar tres centrales y Endesa erradicará a 220 familias para expandir la central Bocamina II. ¿Cómo se resolverían estos conflictos si se materializara el subsidio propuesto?

¿Qué pasaría también si prosperan nuevas iniciativas de generación en parques nacionales, sin previa desafectación de uso de suelo por parte del Congreso; o en territorios resguardados por la Ley Indígena, sin el consentimiento de las comunidades? En estos y otros casos existe conflicto con comunidades y municipios. Entonces, ¿es esta sugerencia legislativa del ministro Tokman la forma de corregir la ingobernabilidad? ¿Acaso no hay argumentos legítimos tras el rechazo de las comunidades o es mejor despojarlas del estado de derecho, de las pocas normas y del apoyo municipal que las amparan?

El despropósito del anuncio es tal, que además de entregar a los actores del mercado el reparto de dinero público, intercepta con fondos de compensación el proceso de evaluación ambiental, cuyo propósito no es otro que prevenir y mitigar impactos.

Las explicaciones pedidas por la ministra de Medioambiente, Ana Lya Uriarte, quien desconocía la propuesta de Tokman, permiten pensar que el ministro pretende imponer medidas unilaterales, sin información ni consulta a sus pares, y se afana en allanar el camino a proyectos específicos a costa de la institucionalidad.

Este tipo de acciones derivan en la desintegración de imperativos energéticos y ambientales, y en la pérdida de coherencia entre la acción del Estado y la gobernabilidad democrática. Si los municipios rurales requieren recursos, estos deben destinarse directamente en el Presupuesto de la Nación y no a través de los agentes del mercado. Por estos motivos es de esperar que la Presidenta Bachelet deseche la medida. 
 
 
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 La idea del ministro de Energía entregaría a actores del mercado el reparto de dinero público, e interceptaría con fondos de compensación el proceso de evaluación ambiental, que busca prevenir y mitigar impactos". (La Tercera)