movimiento en defensa del ambiente la higuera

OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL. En el afán de formular nuevos discursos para legitimar lo mismo de siempre, el sector eléctrico apela hoy a una supuesta "preocupación" por el cambio climático...

En efecto, de 1984 a la fecha nuestro país pasó de 1,8 toneladas de CO2 per cápita a cuatro toneladas per cápita, lo que significa un aumento de 190% en las emisiones. Chile es el segundo del mundo (detrás de China) en alza de este catalizador del calentamiento global y duplica el promedio de América Latina. El sector energético es responsable de 92% de dichas emisiones y, sin embargo, en la actualidad se evalúa la construcción de 3.720 megawatts (MW) en termoeléctricas a carbón.

Los chilenos nos damos cuenta de la distorsión en las prioridades del empresariado. Por ejemplo, la empresa brasileña MPX se refiere a su Proyecto Termoeléctrico Castilla (2 mil 100 MW a carbón, a instalarse en Copiapó) como el HidroAysén a carbón. Este déficit de sentido común no se detiene en el "detalle" del tamaño y del uso del combustible más contaminante. El mundo sigue al revés cuando las empresas Río Seco, Emerva, Norgener y CAP hablan, a su vez, de la "sustentabilidad ambiental" de sus proyectos a carbón.

Aun cuando las megarrepresas emiten menos carbono, aportan otros gases de efecto invernadero, como el metano, sobre todo donde se inundan vegetación y bosques. Al incluir las emisiones del ciclo de vida completo de las megarrepresas y la grave vulnerabilidad detrás de la degradación de cuencas, aguas arriba y abajo, se acrecienta la dificultad de adaptación humana al cambio climático.

Entonces, si Chile cede a la nueva tentación de concentrarse en la hidroelectricidad y olvida el imperativo de la diversificación de fuentes, generaría escenarios de mayor riesgo y vulnerabilidad, dada la prevista reducción de lluvias y almacenamiento nival, el alza de temperaturas y la evidente reducción de recursos hídricos. El sector energético no es el único ni el mayor catalizador del cambio climático en América Latina, sino la deforestación y el cambio de uso del suelo. Por ello, la visión estratégica demanda la inclusión de todos los aspectos del desarrollo: planificación urbana, ordenamiento territorial, usos hídricos, cambio de patrones agrícolas, etcétera.

Hoy, la herramienta más sustantiva para avanzar hacia una matriz eléctrica más limpia, nacional y democrática es la Ley 20.257 de Promoción de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), vigente desde el 2 de abril de 2008. Ésta obligará desde 2010 a las generadoras eléctricas a comercializar 10% de energía con tecnología eólica, solar, geotérmica, pequeña hidráulica y biomasa.

La falta de cálculo del Gobierno y el Congreso, sin embargo motiva hoy que el país pierda oportunidad de desarrollar todo este potencial (con los puestos de trabajo que eso implica). La Universidad de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María han demostrado que las energías renovables podrían abastecer hasta 30% de los requerimientos del Sistema Interconectado Central (SIC). O sea, el triple de lo que obligará la ley. Si a esto agregamos que sólo con eficiencia energética el país podría ahorrarse la construcción de megarrepresas en la Patagonia, cabe preguntarse si la clase política y el empresariado eléctrico serán capaces de atender a los datos técnicos y a la demanda ciudadana o si prevalecerán intereses extraños. 

Por Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable