movimiento en defensa del ambiente la higuera

A partir de la cena anual de la energía donde el ministro del ramo Marcelo Tokman entregó el documento "Política Energética, Nuevos Lineamientos" donde, entre otras cosas, aborda los riesgos futuros de las centrales a carbón y ante las sucesivas protestas -la mayoría de ellas sin cobertura en los medios de comunicación- en varias comunas del país, a causa de la expansión del carbón, el combustible más contaminante, en la matriz eléctrica de Chile, el tema ha tomado más cuerpo y ha despertado la preocupación. Según las cifras de los estudios a la fecha, esta energía fósil abastece al 15 ó 16% de los requerimientos del país, pero en los años próximos podría superar el 40%%, pues las empresas del sector insisten en presentar proyectos termoeléctricos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En el documento de Tokman se indica que "el aumento de las instalaciones termoeléctricas basadas en carbón puede implicar la multiplicación de las emisiones anuales del país (desde 70 millones de toneladas en la actualidad hasta cerca de 300 millones al 2030, según estimaciones) con lo cual las emisiones por unidad de producto serán superiores a las de Europa y otros países desarrollados". Paralelamente el Instituto Libertad y Desarrollo, en días recientes, publicó un “estudio” en el que atribuye un sesgo del gobierno a favor de las carboneras y en desmedro de las represas (puntualmente, Hidroaysén). Si bien el trabajo del instituto de derecha evidencia una interpretacióan favorable hacia la industria hidroeléctrica, no considera variables de la evaluación de desempeño ambiental, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entregó al Estado chileno, sirve para evidenciar el crecimiento de uso del carbón.

Ante esto la opinión de la organizacioens ambientales no se ha hecho esperar, así lo demuestran la spublicaciones del programa Chile Sustenetable que indican que la tramitación de las carboneras sucede en un contexto de carencia normativa (sin ordenamiento territorial) y bajo el criterio del “caso a caso”; tampoco existe norma de material particulado fino (PM2.5) y metales pesados, ni se ha mejorado la de material grueso (PM10), dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, todo lo cual es muy relevante para regular al carbón.

Indican que un ejemplo es la firma MPX, con su proyecto de 2.100 MW a carbón pulverizado cerca de Copiapó, donde se puede observar, agrega Chile Sustenatbel, el descalabro ambiental que podría generar la desregulación y la ausencia de ordenamiento territorial. Algo similar ocurre en la Región de Coquimbo, donde una sola comuna (La Higuera) enfrenta 3 proyectos carboneros de CAP, Codelco y Suez Energy, y la construcción de uno a petróleo de Barrick Gold.

De igual modo, este vacío abrió el camino para que Endesa reedite en Coronel, en la Región del Bío Bío, el modus operandi aplicado en la década pasada en el Alto Bío Bío, puesto que más de 200 familias serán erradicadas para ampliar la termoeléctrica Bocamina II. De este modo, en vez de proteger a las personas en sus territorios, se facilita de facto la instalación iniciativas contaminantes.

Según el informe gubernamental, si se consideran las proyecciones e indicadores como la emisión per cápita hacia 2030, Chile emitiría 17,6 toneladas de CO2 por habitante, cifra que hoy es de 3,6. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Si bien las emisiones actuales son menores a la de países como Alemania (emiten 9,6 toneladas per cápita), estas naciones tienen compromisos de reducción, por lo cual están en proceso de decrecimiento, al revés de lo que sucede en Chile.