movimiento en defensa del ambiente la higuera

Hace pocos días, el connotado pensador mexicano, Enrique Leff Zimmerman , dijo en Chile que la actual crisis ambiental es ante todo “una crisis del conocimiento”, en alusión al enfoque reduccionista del medioambiente, que considera a los “recursos naturales” (ríos, suelo, aire, etc.) despojados de toda noción de ecosistema y como productos dables de comercializar aisladamente. Este enfoque prima en la política de la Comisión Nacional de Energía (CNE) al proponer que las generadoras eléctricas paguen por MW instalado a los municipios locales.

‘Como la idea no es incrementar las tarifas de la electricidad’, aduce el ministro de Energía Marcelo Tokman, el monto pagado por las empresas sería reembolsado con plata fiscal. O sea, no sólo estaríamos ante un subsidio pagado por todos los chilenos a las empresas eléctricas (que junto a la banca, la minería y el retail, luce notables utilidades en tiempos de crisis económica), sino ante una amenaza al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y los derechos ambientales desde ya "insuficientes", según la evaluación de desempeño ambiental entregada por la OCDE, de las comunidades locales, pues, consecutivamente, se introduce un estímulo extraño a la evaluación ambiental y no se da garantía de que el dinero llegará a la población directamente afectada.

La iniciativa de Tokman es contraproducente para dar gobernabilidad al desarrollo energético, pues constituye un incentivo para que las empresas compren la voluntad de las autoridades locales (sabido el foco de irregularidades y corrupción declarado por la Contraloría) a costa de los derechos de las comunidades.

Hoy, las termoeléctricas a carbón -el combustible más contaminante- se expanden en un contexto de vacío normativo, con el criterio de evaluación del 'caso a caso', sin ordenamiento territorial ni normativa para material particulado fino (PM2.5). Nuestro país secunda China en crecimiento de emisiones de CO2 y más de una docena de ciudades figuran en calidad de ‘zona saturada’ de contaminantes, pese a lo cual, en la reciente inauguración de una nueva central termoeléctrica en la Región de Atacama, el ministro llama a los chilenos a ‘no ser más papistas que el Papa’.

En materia de hidroelectricidad, el país enfrenta un creciente número de conflictos locales por uso de agua (generación eléctrica versus agua potable, turismo, comunidades indígenas, agricultura, etc.), y la concentración de la propiedad de este bien ambiental merma la sustentabilidad de la democracia, las economías y ecosistemas. ¿Este es el modo más eficiente y eficaz de resolver estos problemas de gobernabilidad? ¿Por qué no se cobra a todas las actividades económicas que utilizan bienes y servicios ambientales?

Si se concreta la propuesta de Tokman, aumentaría la inequidad entre los afectados locales y el poder de las empresas; se ‘tentaría’ al alcalde a inclinarse por dichos fondos y a desoír a los perjudicados, y se distorsionaría la relación entre el Estado y los gobiernos comunales, al destinar dineros para el desarrollo a través de las empresas. La perversidad de esta medida es tal, que además intercepta con fondos de compensación el proceso de evaluación ambiental, cuya función no es otra que prevenir los impactos.

Las evidencias aquí señaladas tornan incomprensible la propuesta de Tokman. En atención al respaldo expreso que ha declarado hacia proyectos eléctricos específicos (fuera de evaluación ambiental o en proceso), sólo queda suponer que tras esta ficticia apariencia de compensación y preocupación por la calidad ambiental, el ministro sincroniza el movimiento de las piezas del Estado para allanar el camino a la materialización de ciertos proyectos puntuales.