MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Molestia e incomodidad generó entre algunas de las autoridades regionales de Coquimbo la forma en que se resolvió la polémica por el proyecto de la central termoeléctrica en las cercanías de Punta de Choros.

Esto no sólo porque la decisión del Presidente Sebastián Piñera le quitó el piso a la evaluación técnica que habían hecho los miembros del Corema, que descartaron mayores daños ambientales en la instalación de la planta, sino también porque la intervención del Mandatario era contradictoria con las señales que habían recibido del gobierno en los últimos días.

Según varios miembros del Corema, el intendente Sergio Gahona había sido claro en reiterar en varias reuniones la necesidad de la generación de energía para la región y se mostraba favorable al proyecto Barrancones.

El 2009, cuando era candidato a diputado por la UDI, Gahona declaró que él defendía las termoeléctricas y nunca manifestó su rechazo al proyecto de Punta Choros.

Ya como intendente, según señalan en su entorno, conversó con las autoridades de Santiago sobre proximidad de la votación de la Corema. El gobierno le hizo ver la importancia de los proyectos eléctricos, que van a representar cerca de un 43% de la inversión privada durante la administración de Piñera.

Aunque ningún miembro del Corema señala que hubo una instrucción directa del Ejecutivo para el día de la votación, lo cierto es que los 15 representantes del gobierno apoyaron el proyecto. Explican que a esa altura y tras tres años de tramitación, la empresa Suez Energy ya había reparado todas las observaciones técnicas formuladas en la región.

Sin embargo, altas fuentes de La Moneda señalan que la postura de los miembros del Corema y su votación fue atentamente monitoreada por funcionarios de Palacio. En todo caso, aclaran que es un procedimiento habitual alinear a los integrantes de los órganos resolutivos en situaciones como esta.

Las mismas fuentes afirman que, en el caso de la planta de Suez Energy, la recomendación de Palacio era aprobar su instalación, una postura que el gobierno ha mantenido respecto de la mayoría de los proyectos energéticos.