MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Río + 20 debe servir para revisar el cumplimiento de los compromisos planteados, lo que ha funcionado y lo que no se ha hecho, por lo que es necesario tener indicadores para que los gobiernos vean lo que en 20 años sigue sin respuesta, y reconocer que ya se ha comprometido la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Un requisito ineludible para construir una gobernanza nacional e internacional pasa por el cumplimiento efectivo del Principio 10 de la Declaración de Río: en la medida que las personas tengan información oportuna, entendible y accesible, su participación será un aporte sustantivo en la toma de decisiones, y además se debe contar también con mecanismos de justicia.

Si bien la participación ciudadana es elemento clave para la sustentabilidad es preciso reconocer que la responsabilidad de cumplir con las políticas públicas sigue siendo de los gobiernos, no recae en las organizaciones de la sociedad civil y recomendamos crear y fortalecer los espacios ya comprometidos como los consejos de desarrollo sustentable.

Es importante también garantizar el acceso a la justicia, tener no sólo acciones penales sino también civiles y administrativas, entre otras y contar con fiscalías y jueces especializados en justicia ambiental. Resaltamos también la necesidad de contar con un tribunal ambiental internacional al cual puedan dirigirse los ciudadanos.

Un convenio regional del P10 es una propuesta para avanzar en esta línea apoyada por los grupos principales aquí presentes.

Por otro lado, Gobernanza es la relación del Estado con todos los sectores de la sociedad, las mujeres, juventud e infancia, indígenas, etc. pero no como contenidos aislados e inconexos, sino incorporados de manera integral en todos los planes y programas.

Es necesario que una nueva gobernanza afirme el principio de precaución, y que se establezcan mecanismos multilaterales con amplia participación de la sociedad civil y los potencialmente afectados para la evaluación del impacto ambiental, social y cultural de las nuevas tecnologías antes de que lleguen a los mercados.

Es fundamental que el Sistema de las Naciones Unidas incremente la ayuda a los gobiernos para el logro del desarrollo sostenible, incluyendo un mayor apoyo para el cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales ratificados por los países en desarrollo, y asegure la eficacia de la estructura de gobernanza a nivel local, nacional, regional e internacional.

Para tal fin consideramos apropiada la iniciativa de crear un fondo para el financiamiento del desarrollo sostenible, basado en un impuesto a las transacciones especulativas que sea adicional al compromiso de los países desarrollados de proveer el 0.7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo.

Sumado a ello, la reforma de la gobernanza internacional no puede dejar al margen a las instituciones financieras internacionales, especialmente a las de Bretton Woods, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Organización Mundial del Comercio. Estas deberán integrar criterios de sostenibilidad ambiental, social y ética en sus operaciones.

Definitivamente, no podemos permitir que las instituciones financieras y del comercio apunten a otro modelo de desarrollo distinto del sustentable.