¿Quién cuida el medio ambiente?

El Medio Ambiente, bien común de toda la humanidad el cual deber ser cuidado y protegido
por la comunidad, las autoridades, el sector privado, en fin por la Nación toda, es un concepto
que nos es cercano y a la vez lejano. Cercano, porque la mayoría de nosotros entiende por el
mismo el entorno en el cual estamos insertos, vale decir, el árbol, la planta, en fin la naturaleza
misma, algo con lo que convivimos día a día. Lejano, porque en nuestro mundo, inserto en la
economía de mercado, no es algo valorado, no debemos pagar por él y desde ese punto de vista
al no representar un costo, no nos importa la suerte del mismo.
Este pensamiento ha prevalecido en nuestra sociedad y en el mundo, por años, impulsado por
la Revolución Industrial, dado que lo que se consideraba importante era el progreso, el crecimiento
de los países, el llegar a ser una potencia mundial, sin considerar los resultados de ello. Sin
embargo, a medida que el efecto de dicha revolución se ha ido diluyendo y especialmente a
medida que se han visto las nefastas consecuencias que un crecimiento indiscriminado ha
conllevado para el planeta, la comunidad internacional ha ido tomando conciencia que más
allá de las fronteras, la tierra es la casa de la humanidad y por ende la no preservación de sus
recursos implica el agotamiento de los mismos y como resultado último la extinción de la raza
humana.
Es precisamente esta concientización la que ha desencadenado una suerte de preocupación en
los países más avanzados, los mismos que antes se encargaron de contaminar, por la protección
y cuidado del medio ambiente, lo cual se ha visto reflejado en la práctica en la toma de diversas
medidas, entre las cuales podemos destacar la dictación de normativa tendiente a la regulación
del mismo. En nuestro país, si bien existe una vasta legislación ambiental sectorial desde casi
comienzos del siglo XX, sólo podríamos hablar de una política ambiental propiamente tal a
partir de los gobiernos de la Concertación.
La legislación ambiental actualmente existente, parte de la premisa básica de que la ley se
presume conocida por todos, establece una serie de instituciones, instrumentos, derechos,
obligaciones, sanciones, así como varios mecanismos que permiten una participación de la
ciudadanía en resguardo de sus derechos. Sin embargo, la realidad nacional supera a la norma,
dado que la mayoría de la población enfrentada a una problemática ambiental, desconoce las
posibilidades que aquélla le da, encontrándose en el más absoluto desamparo. Como en muchas
de las situaciones descritas en este Informe, se consagran derechos en legislaciones generalmente
desconocidas por la generalidad de las personas.
Los hombres vivimos en la tierra y para sobrevivir necesitamos de su agua, su aire, sus frutos, sus
bosques, sus minerales y todo lo que ella nos pueda dar para satisfacer nuestras necesidades.

El concepto jurídico de medio ambiente, por consiguiente, debe comprender no sólo la matriz
biológica que precisa la relación armónica de un sujeto con las condiciones que permiten las
condiciones de existencia de un organismo vivo, sino también las características sociales, culturales
y económicas en que deben desarrollarse las acciones tendientes al desarrollo para permitir que
el hombre mejore su calidad de vida desde una óptica amigable y no agresiva con la naturaleza.
Lo que está en juego, y que el derecho intenta regular, es un equilibrio entre el medio y el
desarrollo y la idea de una sociedad basada en la necesidad común e intereses comunes que
permitan asegurar el futuro del planeta, tratando de lograr un desarrollo sustentable que asegure
la mantención del medio ambiente, buscando su protección en aquellas áreas más afectadas
por la acción de un desarrollo degradador y contaminante.
Según Naciones Unidas, las áreas más sensibles y sobre las cuales debe centrarse las regulaciones
jurídicas de los Estados para asegurar su protección, son:
- Protección de la atmósfera, afectada por la contaminación urbana, cambios climáticos,
agotamiento de la capa de ozono y la contaminación transfronteriza.
- Protección de los recursos naturales, lo que implica la lucha contra la deforestación, la pérdida
de suelos, la desertificación y la sequía.
- Protección de los recursos de agua dulce.
- Protección de los oceános, mares y zonas costeras, así como el uso y el desarrollo racional de
sus recursos vivos.
- Gestión ambientalmente racional de la biotecnología y de los deshechos peligrosos, con
inclusión de los productos químicos tóxicos.
- Prevención del tráfico ilícito de productos y de deshechos tóxicos.
Estos temas, a su vez, están presentes en numerosos acuerdos internacionales tendientes a regular
el medio ambiente a escala universal, razón por la cual también son la base de las mayoría de
las legislaciones nacionales, como se podrá apreciar cuando se analice la Ley General del Medio
Ambiente de Chile y su respectivo reglamento.

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