El martes pasado la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén aprobó la construcción de la central hidroeléctrica, de la empresa Austral, filial de Xtrata Cooper.

En fallo dividido, los ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y Alfredo Pfeiffer acogieron la resolución presentada por una serie de grupos representados por la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente.

El fallo determina el actuar ilegal del SEIA al aprobar el Informe Consolidado desconociendo un Informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que recomendaba  no aprobar un estudio de suelo.

“Que en estas circunstancias, el ICE adolece de ilegalidad por haber ignorado la recomendación del SERNAGEOMIN y no contener el estudio de suelo indicado,  que, a juicio de esta Corte, resulta imprescindible para que el proyecto pueda ser sometido a la aprobación o rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental. Por tanto, la situación descrita refleja la infracción de los artículos 24 y 27 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, otorgando mérito suficiente para acoger la acción constitucional impetrada”, dice el fallo.

“La ilegalidad descrita constituye una amenaza a las garantías constitucionales de los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues al proceder como se ha hecho, el medio ambiente protegido por el ordenamiento jurídico se ve amenazado por el proyecto en cuestión, sin que se adopten medidas claras, específicas y efectivas de mitigación o compensación. Lo mismo sucede con la integridad física de las personas que viven en las comunas donde se emplaza el proyecto”, agrega.

La sentencia sostiene que “lo anterior amerita la medida de protección requerida por los actores, que es la de dejar sin efecto el Informe Consolidado de la Evaluación, de veintiocho de diciembre pasado, disponiéndose que, previo a la evacuación del instrumento que servirá de base a la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental respecto del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”, el titular del mismo –Energía Austral Limitada- deberá realizar el estudio de suelo pertinente, el que deberá ser incluido por la parte recurrida en el informe que se someta a dicha votación”.

Por lo tanto se ordena que: “se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1 y se decide que, previo a pasar el estudio de impacto ambiental a la Comisión de Evaluación Ambiental para que ésta se pronuncie respecto de la aprobación o rechazo del proyecto “Central Hidroeléctrica Cuervo”, el titular del mismo –Energía Austral Limitada-, deberá realizar el estudio de suelo indicado por el SERNAGEOMIN a que se hace referencia en el considerando octavo de este fallo, el que deberá ser incluido por la parte recurrida en el Informe Consolidado de Evaluación que servirá de base al pronunciamiento de dicha Comisión”.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Carreño y Pierry que fueron del parecer de confirmar la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que había rechazado el recurso.

Señor Director:

En editorial de viernes 4, bajo el título “Obstaculización de proyectos energéticos”, se plantean varias aseveraciones que a mi juicio son erróneas o discutibles. Entre las primeras, no puede sostenerse que la aprobación de proyectos energéticos sea una actividad en exceso judicializada, ya que en otras áreas de la actividad nacional puede observarse igual o mayor conflictividad judicial (laboral, minera, pesquera, forestal, financiera, etcétera), sin que llame a tanta alarma. De ahí a concluir que se está en un escenario de “creciente fragilidad de la certeza jurídica”, claramente es una exageración. Al respecto, cabría requerir a quienes reclaman por esta situación qué entienden por certeza jurídica. Porque si recurrir a las instancias administrativas y judiciales para obtener una aplicación conforme a Derecho sobre las actuaciones de la institucionalidad pública significa atentar contra la “certeza jurídica”, claramente se incurre en un error conceptual.

También se critica la excesiva tramitación o demora en la aprobación de estos proyectos, lo que amerita un par de aclaraciones: la tramitación de proyectos energéticos ingresados al SEIA tiene plazos y formalidades establecidos en la ley 19.300/94 modificada por Ley 20417/010 y su reglamentación, aplicables a todos los tipos de actividades descritas en dichos cuerpos legales. No se trata de una discriminación hacia aquellos proyectos. Las demoras, según información disponible, se deben, por lo general, a proyectos mal elaborados, insuficiente información, datos erróneos o faltos de actualización, deficiencias en descripción de líneas de base, suspensión de trámites solicitados por los mismos autores de proyectos, gran cantidad de adendas, etcétera. Por lo tanto, no es justo atribuir estas causales a la institucionalidad ambiental.

Al respecto, entre varios casos de proyectos energéticos se cita a HidroAysén, y se señala que “a pesar de haber obtenido la aprobación ambiental… enfrenta un difícil panorama ante el anuncio de judicialización que tendrá el tendido eléctrico”. La pregunta obvia que nos planteamos es: ¿por qué no se ingresaron a trámite ambiental ambos proyectos, ya que conforman un todo? Se ha anunciado que el proyecto de tendido eléctrico se iba a presentar en mayo, y tendrá, por lo menos, igual tiempo de tramitación y discusión que el de las represas, incluidos recursos administrativos y judiciales, lo que significará seis o siete años de espera y… mientras tanto las represas no se construirán. Entonces, ¿son la institucionalidad ambiental, la intervención de tribunales o la participación ciudadana las causantes de las demoras en la aprobación de proyectos energéticos, las que contribuyen a la “incerteza jurídica” o a poner en jaque el abastecimiento energético del país?

Sergio Montenegro Arriagada
Prof. Derecho Ambiental y
Director del Centro de Derecho Ambiental
Fac. de Derecho, U. de Chile

A raíz de una Consulta Indígena inédita generada por el MOP, en el marco de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, los mapuche lafkenche  plantean en un documento que el trazado de la vía debe ir por la ladera oriental de la Cordillera de Costa, no por el litoral, y que por ningún motivo pasará por las zonas altas del cerro Oncol, territorio sagrado.

Comunidades con sólida identidad cultural; turismo en lugares prístinos y de belleza fenomenal; bienes del bosque que pueden ser manejados para beneficio de sus habitantes; mar y ríos de enorme riqueza y productividad. Así podríamos definir al territorio que abarca la Cordillera de la Costa entre las localidades costeras entre Mehuín y Niebla, comunas de Mariquina y Valdivia, respectivamente, pertenecientes a la Región de Los Ríos.

Entre éstos pueblos costeros se está realizando una Consulta Indígena para dar a conocer los detalles de la futura construcción de la Ruta Costera a las comunidades lafkenche (en mapudungun, gente del mar), que vive en ese tramo. La instancia participativa está a cargo de la Dirección Regional de Vialidad, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), quienes por primera vez realizan este proceso consultivo a nivel nacional con organizaciones originarias  involucradas en las zonas a intervenir por el mega proyecto.

Esta iniciativa se enmarca en la aplicación del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile en 2009, que entre otros aspectos establece que es deber de los gobiernos  “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, (Artículo 6, párrafo 1. Para más detalles sobre las leyes que invocan en su defensa los lafkenche, ver recuadro).

Ante el escenario consultivo, el butalmapu (gran tierra) lafkenche, compuesto por 34 comunidades y 3 asociaciones mapuche elaboraron una propuesta autónoma y alternativa de trazado para presentarle al MOP. En ella acordaron en consenso que era necesario proyectar la carretera por el lado oriente de la Cordillera de la Costa para que no se expropie territorio mapuche lafkenche y para preservar la biodiversidad y el bienestar comunitario.

Por otra parte, para entender el proyecto de la Ruta Costera en este trayecto (entre Mehuín y Niebla) hay que saber que se divide en 4 grandes etapas: la primera abarca al Estudio de Pre factibilidad; luego viene el Estudio de Pre inversión; la tercera acoge el Estudio de Ingeniería; y finalmente procede la construcción de la vía. En estos momentos el proyecto cursa la primera fase, cuya planificación incluye 5 sub-etapas en este orden: la de diagnóstico; de acercamiento a los habitantes de la zona; de información a las comunidades sobre el proyecto; de consulta, donde como resultado los lafkenche elaboran la Propuesta de trazado; y finalmente la de difusión de resultados, que es la sub etapa por la que atraviesa actualmente el plan y en la que los comuneros esperan la respuesta del MOP a sus planteamientos.

BUSCAMOS DEFENDER NUESTRA IDENTIDAD

Los lafkenche dicen que también están desarrollando un proceso de constitución de un maritorio (territorio marítimo), mediante una solicitud de concesión marina. Todo esto bajo el amparo de la Ley de Borde Costero. Dicha instancia -según indican- junto a su Propuesta, “fortalece una visión en conjunto del territorio, y claramente van en defensa de la cultura y del territorio”. Parte del documento elaborado por los lafkenche, la Propuesta, expresa lo siguiente: hay que “enfatizar que el trazado de Ruta Costera no debe pasar por las comunidades, principalmente porque afectaría plenamente las condiciones de vida social y cultural del territorio. La propuesta de las comunidades refiere a la necesidad de conexión que existe en el territorio, pero que una Ruta Costera no la satisface. Más bien, la necesidad es el mejoramiento de los caminos transversales que conectan a las comunidades con el borde costero. Pensamos que la Ruta Costera debiese ir por la zona oriental de la Cordillera de la Costa, donde no afectaría las aguas que consumen las comunidades y el medio ambiente con el que se ha convivido ancestralmente”. El perfeccionamiento de los caminos a que se refiere el documento implica ensanchar la vía longitudinal y mejorar los que van a la costa.

Por otra parte, según los dirigentes, el MOP dijo que se van a hacer los estudios para los caminos de accesos de las comunidades y los análisis que están planteando los lafkenche. Luego de terminados dichos estudios se difundirán los resultados de la propuesta que nació de los propios originarios. “Se ha trabajado en base a dirigentes. Se levantó información socio-histórica y cultural. Le dijimos al MOP dónde están los patrimonios y dónde no pueden destruir”, expresa un dirigente.

“Nuestra propuesta se fundamenta en una carretera que no nos afecte. No nos oponemos, pero buscamos defender nuestra identidad. Queremos que se nos escuche. Hoy es difícil tener confianza, pero no queremos que nos vean como enemigos”, explica Javier Nahuelpan, vicepresidente de la Asociación Lafkenche Mariquina.

SANTUARIO DEL RÍO CRUCES

La Ruta Costera busca unir Chile a través de un camino longitudinal que conecte las zonas costeras desde Arica a Puerto Montt. Su trazado total supera los 3.300 kilómetros. Este proyecto tiene su origen el año 1993, es decir hace casi dos décadas que los lafkenche vienen escuchando de la iniciativa estatal. Pero, ellos viven allí hace 5.000 años. Esto, porque recientes investigaciones revelan que los antepasados de los lafkenche vivieron esa cantidad de años en el sector a intervenir.

Ximena Navarro, antropóloga, sostiene que en la costa valdiviana, entre Queule, un poco más al norte de Mehuín, y Curiñanco, al norte de Niebla, existe evidencia de población humana del Período Arcaico: “grupos que vivían en la costa hace ya 5.000 años atrás y subsistían de la caza de mamíferos terrestres y probablemente marinos, así como de aves del litoral, combinaban esta práctica cazadora con la pesca marina”. Lo anterior, según los expertos, da cuenta del uso y aprovechamiento comunitario ancestral a lo largo de toda la costa valdiviana, como también de la riqueza y diversidad de recursos naturales del territorio.

Boris Hualme, kimche (portador del conocimiento social y cultural) y dirigente del territorio lafkenche, agrega: “En estos 5.000 años hubo grandes transformaciones sociales y culturales. Pero hoy sigue la presencia de nuestro mapudungun, nuestro idioma. Está la presencia de nuestros límites naturales que datan de 5.000 años de antigüedad. Tenemos evidencia (arqueológica) en Chanchán y en Maiquillahue. Entonces, hay espacios que deben considerarse por cualquier proyecto estatal”.

Los lugares a que se refiere Hualme, están entre el borde costero y la ladera occidente de Cordillera de la Costa, por eso presentaron dicha propuesta, ya que están decididos a defender ese territorio. Como se mencionó antes, ellos prefieren que la Ruta pase por la parte oriente del cordón montañoso, cuya falda limita con el Santuario de la Naturaleza del río Cruces. Sí, ese lugar donde murieron los cisnes de cuello negro a causa de la contaminación del afluente. “Respecto del Santuario, el sector por el que planteamos que pase la carretera está muerto. No hay pájaros y la totora se está muriendo. Eso es por la gran cantidad de hectáreas de plantaciones forestales que hay allí. El hecho de que pase por la ladera oriental nos conviene a todos por la conectividad que necesitamos los lafkenche. Además, tiene la ventaja de que no queda expuesta a los tsunamis y sacaría del aislamiento a las comunidades”,  desmenuza el dirigente de la comunidad Félix Alba Huichamán (sector de Pilolcura), Pascual Alba.

En el mismo sentido, Miguel Alarcón Antillanca, representante de la comunidad de Las Minas, señala: “Esta propuesta la hicimos a pie, a caballo y en bote. Y en terreno constatamos la destrucción de esa parte del Santuario. Una lástima…ahora sólo queda aprender de esta experiencia”.

ES NO ¡Y ES NO!

Otro factor que inquieta a los lafkenche y que han manifestado como intocable por la Ruta Costera es el cerro Oncol (751 metros), punto más alto de la Cordillera de la Costa de esta zona. Los originarios argumentan que desde el macizo nacen las aguas que consumen y que para ellos representa un lugar sagrado. En otras palabras, pertenece a su patrimonio cultural. “No vamos a permitir que la Ruta pase por la parte alta del cerro Oncol. (El Estado) debe entender que si hay una carretera se van a morir las aguas. El agua es un derecho natural, por lo que el Estado está obligado a reconocer ese derecho. No es un capricho, se trata de un bienestar general. Eso es todo. Es no ¡Y es no! Si ellos lo hacen tendrán que llevar milicos, carabineros, pero nosotros vamos a estar allí. Hay cosas que sí están para el diálogo y otras que no. A nadie le gustaría que le profanen su iglesia o sus símbolos nacionales. Nosotros no queremos que nos profanen el agua, porque nos sirve. Así de simple”, desliza Miguel Alarcón Antillanca.

Según los científicos, la Selva Valdiviana que reside en las alturas máximas del Oncol alberga a vegetación existente desde el tiempo de los dinosaurios. Esto debido a que las especies que residían en los sectores más altos del cordón costero escaparon a las pasadas glaciaciones, pues el hielo no alcanzó hasta esas alturas. Dicha característica, junto a los elevados niveles de endemismo de la fauna, constituyen a esa zona como un patrimonio natural único a nivel global. Un ejemplo de esto es la Ranita de Hojarasca, anfibio recién descrito en marzo de 2012 por científicos de la Universidad Austral y que es endémica de la cumbre del Oncol.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar, y en verdad sería un buen gesto por parte del Gobierno para las comunidades el que acogiera esta propuesta. A nosotros nos beneficia el camino que pasa por este sector oriente, ya que podríamos acceder a un camino que ya tendría menos impacto y todos quedaríamos en acuerdo. Va a pasar por algunos esteros, pero nada muy grande y sin grandes inversiones. Esta es la propuesta que hemos trabajado y vamos a confiar en el sistema nuevamente”, anuncia Miguel Alarcón Antillanca.

Cabe mencionar que el MOP, a través de diarios locales, ha anunciado que por un tema de costo lo más probable es que el camino costero sea de ripio y que cuando se termine el Estudio de Pre factibilidad, no se va a comenzar a construir la Ruta.

Finalmente, la propuesta expresa que la presencia, ocupación y uso antiguo y actual en el territorio y maritorio costero, se encuentra probada y documentada ya no sólo por la presencia de las actuales comunidades y familias lafkenche y por la memoria colectiva e histórica de las mismas, sino también por los Títulos de Merced y otros títulos gratuitos entregados por el propio Estado chileno, por los escritos de los cronistas coloniales y por los estudios arqueológicos del área costera valdiviana.

Como ya vimos, la Ruta Costera se trata de un proyecto de gran envergadura que compromete un capital espacial y social, en la búsqueda por una operación extensiva en el territorio. Como tal, es fundamental mantener una relación retroalimentaria con las comunidades involucradas para ejercer una acertada gestión ambiental y conservar dicho capital. Por su parte y alejados de los centros de toma de decisiones, nuevos actores como los lafkenche ya se encuentran en el debate, introduciendo nuevas pautas y alternativas para no comprometer el ecosistema y las comunidades que lo habitan.

“Estamos abiertos al diálogo, pero ese diálogo tiene que tener algún sentido porque no sacamos nada de sentarnos a conversar con el MOP para que finalmente nos digan que se va a hacer a su pinta”, puntualiza Alarcón Antillanca.

Por  Alejo Morales

El Ciudadano

RECUADRO

LAS LEYES QUE AMPARAN A LOS LAFKENCHE

La propuesta de los lafkenche de las zonas entre Mehuín y Niebla, invoca 4 marcos jurídicos que defenderían su territorio: la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente;  la 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena o “Ley Indígena”; el Convenio 169 de la OIT; y la 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios o mejor conocida como “Ley Lafkenche”. Por razones de espacio nos referiremos a las dos últimas.

CONVENIO 169

El Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) entró en vigencia con fecha 15 de septiembre de 2009, por lo que en su aplicación y sobre todo tratándose de tierras indígenas debe enmarcarse dentro de lo que expresa la Constitución, esto es respetando los derechos y tratados ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Así lo expresa el Artículo 5º inciso 2º de la Carta Fundamental que señala: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

En dicho instrumento se establecen derechos políticos, territoriales, económicos, sociales y culturales vinculantes para el Estado siendo de gran importancia para la relación entre los pueblos indígenas.

El Convenio 169 en su 2º parte desarrolla ampliamente los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a sus recursos naturales, siendo ésta normativa la que permitiría o imposibilitaría el trazado de la Ruta Costera por territorio indígena, según argumentan los lafkenche en su propuesta. “Haciendo un desarrollo de su articulado más relevante que permitiría fundamentar a favor de un trazado de acuerdo a lo señalado por las comunidades se puede señalar el artículo 13 Nº 1 que expresa: ‘Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación’. A su vez el número 2 del mismo artículo es claro al sostener: ‘2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera’”, expresa el documento lafkenche.

En el artículo 14 del Convenio referido se encuentra estrechamente ligado con la Ley Indígena reconociendo derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan al disponer que: “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.”, además se refiere este artículo a la responsabilidad que le cabe a los gobiernos en adoptar medidas necesarias para “determinar  las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

Respecto de los recursos naturales vinculados a las tierras indígenas el artículo 15 del Convenio es claro al sostener: “1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

La Corte Interamericana de Justicia, de la cual el Estado de Chile es parte, con fecha 31 de agosto del año 2001, condenó al Estado de Nicaragua en el caso de la Comunidad MayagnaAwasTingni, respecto de la aplicación del ya referido Convenio 169, pronunciándose  a favor de la plena vigencia de la Propiedad Ancestral Indígena otorgándole amparo a través de las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es así como este fallo estima que la “Propiedad Ancestral Indígena” debe ser reconocida como propiedad plena, la sentencia sostiene que los pueblos indígenas mantienen una relación especial con la tierra en que viven, exponiendo: “Las culturas indígenas tienen una vinculación muy particular con la tierra secular de sus antepasados, en la cual cumplen su ciclo vital y donde buscan alcanzar su plenitud espiritual y material”. Respecto al derecho consuetudinario la sentencia expone: “El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un titulo real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial y el consiguiente registro”, esta jurisprudencia es relevante para los estados signatarios en el campo de los derechos indígenas en especial respecto de sus tierras y recursos naturales.

Además, el acuerdo internacional indica que la consulta deberá efectuarse “de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Artículo 6, párrafo 2). Finalmente, otro tópico del tratado sostiene: “en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”, señala que los pueblos interesados “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades” y de participar en la “formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional” (Artículo 7, párrafo 1).

LEY LAFKENCHE

La Ley 20.249, más conocida como “Ley Lafkenche”, define lo que es el espacio costero marino de los pueblos originarios. En este sentido, el Artículo 2 dice que el espacio costero es un “espacio marino delimitado, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio”. De esto se desprende que el espíritu de este marco legal es el resguardo del uso consuetudinario de estos espacios y la protección de los recursos naturales existentes, como también de las tradiciones de las comunidades enmarcadas en dichos espacios. Además, la ley en su Artículo 6, inciso 2, expresa que debe entenderse por uso consuetudinario entendiendo a “las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o comunidad, según corresponda, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura”.

La propuesta elaborada por los lafkenche de Mariquina y Valdivia defiende su derecho y “existencia del uso consuetudinario por parte de las comunidades en el borde costero es inminente y ancestral y tal como señala este marco jurídico en su Artículo 3: ‘Créase el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero…’”. De esto se desprende y observando el verdadero sentido y alcance de la ley, como también de los tratados internacionales, que correspondería no sólo a las aguas territoriales pertenecientes a la comunidad indígena. El uso consuetudinario podrá comprender, entre otros, usos pesqueros, religiosos, recreativos y medicinales.

El 22 de abril se conmemora el día  de la Tierra, o de la Madre tierra como la denominan en países vecinos. Es el momento apropiado parar detener nuestras agitadas vidas y darle un espacio a la reflexión,  para mirarnos como sociedad y al menos por unos momentos recordar nuestro vínculo con la Tierra, que sustenta nuestra vida y la de todos los seres vivos del planeta, esa que de la cual extraemos recursos naturales y materias primas para actividades productivas. De una u otra forma, los seres humanos hemos ido perdiendo la conexión con la Tierra y sus recursos naturales, así como los países/estados han ido perdiendo el control de los recursos naturales, los que han ido pasando de la propiedad estatal a la propiedad privada de grandes corporaciones.

En este contexto era esperable que la noticia de la privatización de YPF en Argentina produjera una  gran sacudida en actores, políticos, académicos, empresarios, etc. Esto a pesar que existían algunas señales, las que al parecer fueron poco atendidas o no se consideraron creíbles. Es que  la decisión de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de expropiar el 51% de la petrolera YPF, hasta ahora en manos de la empresa española Repsol, parece algo casi irreal en un mundo en el cual son las trasnacionales las que indirectamente gobiernan y controlan los recursos.  Se trata de una medida altamente controversial,  que plantea un escenario complejo tanto para las empresas como para los gobiernos, abre discusiones del pasado sobre la privatización de la empresa y señala un camino para los países que han entregado sus recursos naturales a las grandes corporaciones mundiales. Por ello las reacciones no se hicieron esperar, encabezadas por las del gobierno español, criticando en duros términos la decisión de la mandataria trasandina y respaldando a Repsol. A estas críticas se han unido también las del resto de los países de la UE, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, incluyendo México y Chile.

Sin embargo y mas allá de las complejidades que pueda tener la decisión de la mandataria argentina,  lo importante de la medida es que hay una señal política potente  de recuperación de recursos naturales, fundamentada y justificada  en la necesidad de que el país imponga su soberanía sobre un recurso energético estratégico como es el petróleo. Argentina cuenta con una importante reserva, que se incrementó recientemente con el descubrimiento de un nuevo depósito, bautizado como Vaca Muerta, que promete importantes ingresos en el futuro cercano. Es decir, se trata de un recurso natural estratégico, que debe estar al servicio de país y constituir un puntal fundamental para el desarrollo. No por nada en la mayoría de los países latinoamericanos es el Estado el titular de las empresas explotadoras de petróleo.

En este sentido, el paso dado por el gobierno argentino es un ejemplo de coraje orientado a recuperar  un recurso estratégico y con ello soberanía.  También es un espejo donde mirarnos como país, y constatar que durante años  los gobiernos chilenos han dado pasos en dirección totalmente contraria,  es decir, generando un marco regulatorio, política y leyes,  que han permitido  de distinta forma  la enajenación, la pérdida de control por parte del Estado, la cesión de derechos o la entrega de concesiones de nuestros recursos naturales, traspasando así a privados nacionales y/o extranjeros el control de bienes tan preciados como el agua.

Desde la década de los 80’ a la fecha los gobernantes de Chile paulatinamente han renunciado a su rol de garantes del bien público, a fomentar la existencia de un estado fuerte, controlador y gestionador de los recursos naturales. Es así como en los hechos hemos perdido soberanía  sobre el agua y el cobre –que ha sido considerado por años “el sueldo de Chile”-,  mientras que en la actualidad se debate sobre el futuro del litio. Pero lo cierto es que nuestros recursos naturales se han entregado a privados, los que pocas veces pagan o retribuyen lo justo por su extracción y/o utilización, y ninguno de los gobiernos de turno, sin importar el signo político, ha realizado el menor esfuerzo por defenderlos. Muy por el contrario, no han hecho más que diseñar estrategias para ir vendiendo por parte los recursos de Chile, sin ningún resguardo especial y a precios módicos, hipotecando con ello el futuro de Chile.

En el caso puntual de YPF, respecto al contexto político argentino y las circunstancias específicas de su renacionalización se podrá escribir mucho, pero no se puede dejar de admirar la osadía de la Presidenta Fernández, dispuesta a enfrentar toda clase de amenazas, con tal de devolver a los argentinos un recurso vital, en un hecho que seguramente las futuras generaciones de su país le agradecerán.

Productores de hortalizas han debido traer verduras desde otras zonas al no tener cómo producir en sus tierras.

Los vecinos narran que deben bañarse y lavar en las noches anteç la falta de presión del agua. Los cortes han durado hasta tres días. 

La tarde del sábado, don Marco Hurtado lloró de impotencia. El pozo con el que regaba la hectárea que aún tiene unas pocas plantaciones de olivos y paltos estaba seco. Algo que nunca pensó que pasaría tan rápido en el sector de Piedra Colgada, a unos 20 kilómetros de Copiapó. Ya nada quedaba del agua que, hasta el viernes, estaba a 20 metros de profundidad. "Ya no vamos a poder plantar más", dice con pena don Marco junto a su señora, Dominga, que ahora no saben cómo enfrentar una de las señales más dramáticas que golpea a Copiapó. Ellos habitan en el sector 5 de la cuenca, donde supuestamente queda la mayor disponibilidad de agua subterránea y donde la empresa Aguas Chañar debió trasladarse para asegurar el consumo humano.

Lejos están los años en que el río Copiapó bajaba torrentoso por el lugar y era el centro de paseos y picnics de los copiapinos. "Todos venían a bañarse y ahora está seco, seco. Es realmente terrible", cuenta Marco Hurtado mientras recorre el lugar donde hace 10 años se bañaba con sus hijos. Hoy la tierra está resquebrajada, es una señal inequívoca de la muerte de la cuenca.

La crisis hídrica llegó a tal punto que los cortes de agua se suceden desde hace meses para la población, que sigue sufriendo los embates de la sequía. De hecho, la semana pasada se extendió el decreto de escasez hídrica para asegurar el agua a la población. El gobierno se ha mostrado inquieto por la situación y la visita de la superintendenta de Servicios Sanitarios que llegó a fiscalizar a Aguas Chañar y a anunciar que el agua no faltaría, intentó descomprimir la situación. Aún así, hay preocupación entre las autoridades de que escale un conflicto. La situación ha derivado en protestas en barrios, para mejorar el servicio, las que se repetirán hoy (ver nota secundaria). La mayoría de los vecinos culpa a las grandes mineras de la crisis, alegando que habría influido la sobreexplotación de derechos de agua.

Sin hortalizas

Los agricultores sufren los embates de la escasez de agua. Angelo Ghiglino era uno de los principales productores de hortalizas de la ciudad. Era. Ahora de las 50 hectáreas que plantaba, se ha reducido a 18 y debe traer verduras desde otras regiones para abastecer a los supermercados. "La producción ya no alcanza para el consumo de Copiapó", dice tajantemente. Sus cuatro pozos ya se secaron y ahora subsiste con unos derechos superficiales del río que llega en canales. "Cuando llega", dice.

Para el consumo humano las situaciones más críticas se viven en sectores altos de la ciudad y en lugares como Paipote. En la casa de Fresia Flores, en la población Manuel Rodríguez de Copiapó, viven 14 personas y han debido lidiar con cortes de hasta tres días. "Este año ha sido dramático, es un drama ducharse, ir al baño. Hay que estar juntando agua cuando pasa el camión aljibe", dice acongojada y agrega: "Si esto sigue nos vamos a tener que ir a paro, a huelga o algo así".

En la villa Llanos de Llantay, de Paipote, se acostumbraron a hacer una vida nocturna: sacar agua, lavar e incluso ducharse en las noches, cuando había más presión de agua. Después los cortes vinieron de noche y así la situación se vive día tras día. En Villa La Estación, la sequedad se siente en las calles. Los vecinos dicen que las garrapatas abundan y que hay que arreglárselas con agua de día, ya que a partir de las 20 horas casi no hay. "Hay que mandar a los niños a ducharse a otras casas, y uno tiene que estar pagando agua cuando no hay agua", reclama Raúl Estay.  
 
-Medidas
Aguas Chañar dijo que ha invertido 7 mil millones en obras de infraestructura desde 2011 para asegurar el consumo humano. Una de ellas es la habilitación de seis nuevos pozos, plantas elevadoras de agua potable.

-Peticiones apuntan a nacionalización y cuencas administradas por usuarios
Consuelo Argandoña Marchando por las principales calles de la ciudad y con una velatón que simbolizará la muerte del río Copiapó, hoy la Unión Comunal de Juntas de Vecinos que agrupa a 88 organizaciones vecinales de la ciudad presentará un recurso de protección en contra del Estado. Alegan que no ha cumplido “con su deber de resguardar nuestras vidas, privilegiando el consumo humano por sobre otros”. “ Lo primero que queremos es que los vecinos tomen conciencia de la situación real del agua de Copiapó y que el Estado se haga responsable de lo que está ocurriendo y nos dé una solución definitiva”, explicó la presidenta de la organización, Rosa Ahumada.

Jorge Godoy, de la coordinadora de defensa por el Agua, dicen que las demandas son claras: la nacionalización del agua, que el agua de la cordillera quede para uso de consumo humano, que las aguas desalinizadas sean para la minería y la agricultura, y que sean los usuarios quienes administren las cuencas. “Hay un déficit de 200 millones de litros día y ya desde el 2007 que veníamos trabajando porque lo veíamos venir. Por eso ahora esperamos que se confirme nuevamente la Mesa Público Privada para tratar estos temas”. Desde ayer algunas de las calles lucen banderas negras.